La nueva Ley de Formación Profesional tiene un impacto positivo en el mundo de la formación y de la empresa en materia de preparación de los jóvenes, empleabilidad y desarrollo y cohesión social. Las empresas que tienen activos planes de colaboración con al FP Dual muestran un alto grado de satisfacción a la hora de captar personal motivado y bien formado. Entre las conclusiones de una jornada celebrada recientemente en CEOE, se expusieron las conclusiones del think tank CEOE-enClave de Personas. Entre ellas, un decálogo con el objetivo de impulsar un sistema de FP Dual en el que empresas y educadores sean capaces de desarrollar todo el potencial de esta Ley.

Decálogo de propuestas sobre la FP Dual:

1. Dar el prestigio que le corresponde a la FP.
2. Elaborar una estrategia para la identificación de necesidades y para la orientación profesional que sea armonizada y coordinada, en la que participen las empresas e interlocutores sociales y para la que exista una asignación de recursos adecuada.
3. Garantizar la responsabilidad y participación de las empresas en el sistema de FP.
4. Llevar a cabo las modificaciones normativas necesarias que aseguren la naturaleza formativa y no laboral de la formación en la empresa dentro del sistema de formación profesional dual, diferenciando la misma de la adquisición de experiencia laboral en el marco del contrato en prácticas.
5. Analizar el impacto del sistema en las empresas para facilitar su participación y reducir las barreras que impiden la misma, mediante el establecimiento de ayudas e incentivos eficaces.
6. Garantizar también la flexibilidad necesaria para la adecuación del sistema a las realidades sectoriales y territoriales, manteniendo criterios esenciales de homogeneidad y armonización en todo el territorio nacional.
7. Desarrollar y poner en marcha elementos esenciales del sistema de formación que faciliten su implantación (tutores compartidos, formación gratuita de tutores, acreditación de competencias, estancia de formadores en empresas, etc.).
8. Dotar al sistema de FP de un procedimiento ágil y fluido que permita su mejora y actualización permanente.
9. Asegurar la calidad y estabilidad del sistema de FP.
10. Clarificar aquellos aspectos de la normativa que aún resultan confusos (perfiles, estrategias, planificación, financiación, acreditación y reconocimiento de tutores, etc.).

A pesar de las buenas expectativas que despierta la Ley, el think tank observa algunas áreas de mejora, relacionadas con cuatro ámbitos fundamentales: catálogo de formaciones, costes empresariales, complejidad administrativa y gestión del cambio desde los centros formativos:

• El conocimiento es efímero y las ofertas formativas caducan, por lo que es necesario introducir flexibilidad en la oferta y estar continuamente revisándola. La Ley se centra en cuestiones sobre digitalización, idiomas o medioambiente en muchos módulos, pero ¿qué pasa con formaciones específicas de base?
• Es necesario un esfuerzo de la empresa en la figura del tutor y también, por parte de los centros educativos, un impulso sobre su capacidad de coordinación y acercamiento. Esta es también una de las dificultades que identifica la secretaria general de FP, Clara Sanz, (quien clausuró la jornada) que pide un esfuerzo a todas las partes para llevar a cabo con éxito la “gestión del cambio”.
• La relación con el estudiante en prácticas se plantea desde un contrato con alta en la SS y existe el miedo en la empresa de que el objetivo formativo se desvirtúe en una relación cuasi laboral empresa-alumno. Además, de ser desmotivador para la empresa –que tiene otros costes añadidos, como el tiempo que el tutor dedicada al alumno, entre otros-. Clara Sanz reconoce, por su parte, que se pide un esfuerzo adicional a la empresa, pero que la inversión se recupera en términos de plantilla futura porque “la FP Dual es el mejor sistema de captación de talento”.
• La complejidad administrativa, especialmente para empresas que tienen un ámbito de actuación estatal o inter autonómico, es una barrera importante. Se solicita que sea “fácil y homologable” y un “sistema armonizado como país”.

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Innovación es una de esas palabras que, de tanto usarla, corren el riesgo de quedar vacías de contenido. Recientemente, en la presentación del 6º Observatorio de Innovación en Gran Consumo en España, Teresa Riesgo, Secretaria General de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación, ofreció una definición amplia: “innovación no es solo lo nuevo, sino aquello que aporta un beneficio social, medioambiental o económico”. En este sentido, hay que saber distinguir lo que es realmente transformador de lo meramente accesorio y aprender también a valorar la “innovación oculta” -aquella que se centran en los procesos y en la tecnología, que no es visible para el consumidor, pero que alcanza extraordinarios resultados en materia de eficiencia-.

El Institut Cerdà ha considerado cuatro motores de cambio a la hora de valorar las 20 innovaciones de la edición 2023: sostenibilidad -social, económica y medioambiental-, eficiencia en la cadena, foco en el consumidor y cohesión social y territorial. En torno a estas áreas, el sector del gran consumo está implicado en los grandes retos de la sociedad española y europea del siglo XXI con la vista puesta en servir cada día mejor al consumidor y de hacerlo bajo los criterios de desarrollo sostenible que son necesarios hoy en día.

Como parte de una gran cadena agroalimentaria que comienza en la producción de alimentos y termina en el consumidor, el gran consumo sabe que la cooperación está en el centro del progreso. La colaboración entre eslabones y también la colaboración público/privada es el único camino para alcanzar los objetivos y aquí no valen personalismos ni intereses particulares. Solo colaborando y compartiendo estrategias se puede alcanzar en el éxito en una innovación que tiene que ser 360º, que tiene que estar centrada en las necesidades del cliente y que tiene que tener en cuenta la eficiencia del sistema.

Todas las innovaciones reconocidas este año por el Institut Cerdà responden a estos criterios. Todas aportan soluciones a problemas actuales del sector y de la sociedad, como los bonos sociales contra el desperdicio alimentario de Cruz Roja, el proyecto Presafalín de la Fundación Gasol o la Plataforma Tierra para la digitalización del sector agrícola. Entre todas ellos, nos permitimos destacar, por haber participado a través de la Asociación de Supermercados de Castilla La Mancha -ASUCAM-, el Programa de Compra Asistida impulsado por el Gobierno de Castilla La Mancha y CERMI -Comité Español de Personas con Discapacidad-. Como se ha visualizado durante la reciente pandemia de la Covid, el supermercado es un espacio amigable para las personas mayores y/o con discapacidad, pero formalizar este apoyo asistencial es un paso más para ahondar en la vocación de servicio a la sociedad de la distribución alimentaria.

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ESADE y Fundación SERES han organizado el debate “Greenwashing: cómo identificar y erradicar esta práctica”, donde hemos descubierto diferentes derivadas de la comunicación “green”. En los últimos años, la tendencia del storytelling se ha convertido en el storydoing y, tras estos conceptos de comunicación social, las empresas se enfrentan al reto de “ser, en lugar de parecer”, así como a la dificultad de comunicar sin sufrir un efecto boomerang en el que los mensajes parezcan lo que no son.

El gran error de la comunicación empresarial en materia de sostenibilidad, origen del greenwashing, ha sido comunicar un compromiso, una estrategia o un propósito. Cuando la comunicación va por delante de la medición y de las normas, se corre el riesgo de caer, voluntariamente o no, en el greenwashing y de crear una imagen ilusoria, y por tanto engañosa, de la realidad, explicó Ignasi Carrera, de ESADE.

¿Cuáles son algunas de las claves para comunicar bien en materia de sostenibilidad? Sonia Ruiz, de Noima, enumeró las siguientes: gobernanza –la sostenibilidad debe salir de la dirección y llegar a todas las áreas de la empresa-, anticiparse a la legislación, practicar la doble materialidad –es decir, medir también cómo la empresa impacta en su entorno- y colaboración con la cadena de valor.

Huir de la tentación de comunicar solo en positivo es quizá lo más ingrato de la comunicación sobre sostenibilidad. Pero es necesario para ser honesto y transparente. ¿Cómo se explican, si no, los bajos índices de credibilidad que presenta la empresa en España? “La comunicación en sostenibilidad consiste también en hablar de gestión de riesgos, oportunidades e impactos reales de la empresa”, dijo Elena Valderrábano, de Telefónica.

Es necesario, también, en términos de negocio, sostiene Manuel Sevillano, de Atrevia: “si como empresa no eres capaz de alinear lo que dices con lo que haces, vas a tener problemas para retener talento, inversores y clientes”.

La sensación tras escuchar a estos expertos es que, mientras intentamos encontrar una buena definición de lo que es el greenwashing y cómo combatirlo, surgen otros términos relacionados que suman presión a las empresas. Scienciewashing –o adaptar informes científicos a intereses determinados-;  greenhushing -no comunicar–;  greencrowding -esconderse tras los números-; greelabeling –uso inadecuado de sellos medioambientales-; greenlighting –focalizarse solo en lo que se hace bien-….

Realmente, la tensión a la hora de comunicar sobre sostenibilidad es quizá demasiado alta y es difícil escapar de una u otra de estas etiquetas. Éstas, paradójicamente, pueden contribuir a enturbiar un debate honesto y sincero sobre el papel de la empresa en el cuidado del medioambiente en un contexto que no debe olvidar tampoco la responsabilidad de los poderes públicos y de los consumidores.

España se encuentra 15 puntos por debajo del promedio de la Unión Europea en materia de calidad en la regulación del sector del comercio y en el puesto 29 de un listado de 39 que incluye países de otras áreas geográficas, según el indicador de OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Este dato preocupa en la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo de CEOE (C4), que considera que la calidad institucional o normativa es un aspecto de vital importancia para la prosperidad económica y cuyo impacto condiciona en gran medida el crecimiento económico, el nivel de empleo, de productividad y de innovación.

Para comprender mejor el problema y buscar soluciones, el Instituto de Estudios Económicos de CEOE ha elaborado el estudio “La mejora de la calidad institucional del comercio en España: cuantificación de su impacto económico y social”, del que se han obtenido cinco conclusiones principales. Todas ellas evalúan las consecuencias negativas que el déficit de calidad normativa tiene no solo sobre el comercio, sino también sobre la economía en su conjunto en materia de pérdida de poder económico, no creación de empleo, incremento de la inflación, reducción de la inversión y, paradójicamente, reducción de la recaudación fiscal.

Obstáculos burocráticos y poca agilidad en cuestiones como la obtención de licencias, la operativa y la gestión de mercancías, el tratamiento de residuos y la gestión de envases y el tratamiento del hurto multirreincidente, preocupan al comercio español, que ha elaborado un decálogo con sugerencias para mejorar el impacto de la actividad normativa que afecta al comercio y en el que destacan viejas reivindicaciones, como la adopción del silencio administrativo positivo y de la declaración responsable, las mejoras procesales y organizativas judiciales y policiales para luchar contra el hurto multirreincidente y la racionalización fiscal.

Puedes ver AQUÍ el informe completo.

“No podemos olvidar que la principal responsabilidad de cualquier empresa o institución es (…) cumplir con su deber y con el fin para el que fueron concebidas, dando beneficio, creando puestos de trabajo y riqueza, y siendo innovadoras y eficientes, además, de competitivas. (…). Sin embargo, la empresa y sus dirigentes tienen otra responsabilidad (…) hacer posible un mundo más humano y habitable”. Estas palabras pertenecen a Juan José Almagro, doctor de la Cátedra de Ética Económica y Empresarial de la Universidad Comillas ICADE, y se recogen en el libro “Sostenibilidad corporativa y RSC: fundamentos y prácticas”, dirigido por Eugenia Suárez-Serrano, profesora de Organización de Empresas en la Universidad de Oviedo, y Antonio Blanco Prieto, director de la Fundación Alimerka, y editado por Caja Rural Asturias y la editorial Thomson Reuters Aranzadi.

¿Qué es y cómo debe aplicarse la Responsabilidad Social Corporativa en la empresa? El libro busca dar respuesta a esta pregunta, en primer lugar, analizando cuáles son los fundamentos conceptuales de la aportación de la empresa a la sociedad desde la responsabilidad y la sostenibilidad; en segundo lugar, con claves sobre las herramientas de gestión de la RSC que abarcan desde las finanzas hacia la comunicación; y, en tercer lugar, con análisis sectoriales y casos prácticos de siete sectores económicos, entre los que se cuenta la distribución alimentaria.

Los autores de los 20 capítulos de los que se compone el libro, reflexionan sobre el concepto de sostenibilidad en sentido amplio, que abarca desde el empleo al medioambiente pasando por las finanzas, y que va a estar sometido en breve a unos requisitos legales que obligaran a las empresas que todavía no lo han hecho a hacer una reflexión sobre su papel en la sociedad. Ante una población que cuestiona las actuaciones de actores sociales antes “intocables”, como puede ser la propia empresa o el mundo político, es necesario, en términos de comunicación, pasar de “story telling” al “story doing”. Es decir, contar lo que se ha hecho, antes de lo que se piensa hacer, y hacerlo con transparencia y veracidad, asumiendo también las propias limitaciones. Esto forma parte de la nueva Responsabilidad Social Corporativa que, muy pronto, va a tener que ser demostrada.

La exposición a los focos de la dimensión ética de la empresa también debería servir para que ésta obtenga o recupere el reconocimiento a la aportación que ésta realiza a la sociedad. Como afirma Juan José Almagro en el prólogo de la obra: “demostrar sin sonrojo que su actuación es moral y éticamente irreprochable y que, además, su actividad y su tarea merecen el respeto de la sociedad”. Por ello, damos la bienvenida a esta obra y estamos orgullosos de haber aportado nuestra visión sobre qué es y cómo se aplica la RSC en el sector de la distribución alimentaria aportando, además, el caso práctico de más de una década de lucha contra el desperdicio alimentario llevado a cabo por las empresas de ASEDAS.