La obligación de que las zonas de aparcamiento con más de 20 plazas deban contar antes del 1 de enero de 2023 con dotaciones mínimas de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos proporcionales al número total de plazas de aparcamiento requiere de un plazo transitorio acorde con el calendario europeo que recoge la Directiva 844/2018 y que pone como horizonte el 1 de enero de 2025.

Esta es la principal idea que Roger Gaspa, secretario general de CEDAC (Consejo de Empresas Distribuidoras de Alimentación de Cataluña) y representante de ASEDAS ha expuesto ante la Subcomisión sobre el despliegue e instalación de infraestructuras de recarga eléctrica y de hidrógeno y su impacto en la industria de la automoción en España dentro de la Comisión Industria, Comercio y Turismo del Congreso de los Diputados. Ésta se reunión el pasado 13 de diciembre para estudiar el Real Decreto-ley 29/2021 de 21 de diciembre, que se ha convertido en el Proyecto de Ley por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables.

El plazo transitorio es necesario para las empresas de distribución alimentaria por motivos económicos -se requiere una inversión de unos 30 millones de euros, que, si no se divide en tres ejercicios, puede lastrar otras inversiones necesarias-; técnicos -los proveedores de cargadores anuncian falta de disponibilidad y cuellos de botella-; humanos -hace falta mano de obra cualificada tanto para la elaboración de los proyectos como para su instalación-; y, por último, jurídicos, ya que se echan en falta normas estables en materia de prevención y seguridad.

Además de todo ello, las empresas de supermercados no encuentran una necesidad de urgencia para realizar en tiempo récord un cambio que no se pide en ningún otro país de Europa. El porcentaje de e-coches sobre el total de matriculaciones, aunque creciente, es aún muy pequeño -alrededor del 0,8 por ciento- por lo que la medida no responde a la realidad del mercado ni a su evolución. Este porcentaje es, sin embargo, mayor en ciudades como Madrid y Barcelona, que es precisamente donde los supermercados están haciendo mayores esfuerzos económicos para que las personas puedan ir andando a hacer la compra.

La distribución de proximidad fomenta la movilidad sostenible

El modelo de distribución alimentaria de proximidad que representa el supermercado lo convierte en una herramienta para la movilidad sostenible. Como se pudo comprobar en la pandemia Covid, los confinamientos perimetrales fueron posibles porque las personas tenían una tienda donde hacer una compra de alimentación completa muy cerca de sus casas.

El objetivo de los supermercados es que las personas puedan ir andando a hacer sus compras -de hecho, el 90 por ciento ya lo hace, según un estudio del Institut Cerdà y de ASEDAS- y que, si acuden en vehículo privado, estén el tiempo imprescindible -alrededor de una hora- para hacer su compra. Por ello, alrededor del 50 por ciento de los más de 19.000 puntos de venta agrupados en ASEDAS no tiene servicio de aparcamiento y un porcentaje elevando tiene menos de 40 plazas -por lo que no entrarían en la medida del Gobierno-.

Por su parte, los que prestan servicio a zonas periurbanas conciben el aparcamiento como un servicio complementario y el 90 por ciento de los casos no lo cobra. Estas tiendas con aparcamiento -las más impactadas por la medida- reciben una media de 80 vehículos al día, especialmente los fines de semana. Gracias a ello, se está logrando que las distancias medidas recorridas para ir a comprar se hayan reducido significativamente en los últimos años. Los desplazamientos más cortos se traducen en menos emisiones, menos ruidos y menos atascos.

En definitiva, el supermercado de proximidad es un elemento que promueve una movilidad sostenible tanto a pie como en coche y sus empresas están completamente comprometidas con los objetivos medioambientales europeos y nacionales. Por ello, a pesar de que, a día de hoy, ya hay dotaciones de recarga de vehículos eléctricos y empresas que están a punto de cumplir con los requisitos del Real Decreto; otras hicieron sus instalaciones con anterioridad a las características descritas en el mismo, por lo que habría que revisarlas, y el resto sufren los problemas técnicos y económicos descritos que hacen necesario alargar los últimos plazos contemplados.

La situación de la inflación en España y en Europa, que está ya afectando a la economía de muchas familias y puede tener repercusiones preocupantes sobre el consumo, hace que los Gobiernos se planteen medidas de control que van desde el tope al precio del gas hasta la intervención en los precios de la cesta de la compra. Recientemente, la organización representativa del comercio en Europa, EuroCommerce, pidió a los Gobiernos de la UE que “se abstengan de adoptar medidas mal concebidas sobre el precio de los productos, así como de imponer impuestos adicionales que no hacen más que aumentar las presiones inflacionistas y  poner en peligro las operaciones de muchas empresas”.

Con este telón de fondo, la Asociación para el Progreso de la Dirección – APD convocó a Manuel Llamas, viceconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid; a Joaquín López Vallés, director del Departamento de Promoción de la Competencia en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC); y a Ignacio García Magarzo, director general de ASEDAS, a una charla para analizar desde una perspectiva económica y regulatoria qué medidas serían las más adecuadas en la actual situación en un momento en que el debate sobre el control de precios está abierto.

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En el sector de la distribución alimentaria, Ignacio García Magarzo hizo referencia a las “causas concretas y objetivas” que están provocando un alza de precios de alimentación histórico. Estas no son otras que la crisis energética -electricidad y carburantes- y de materias primas importadas que, con la guerra de Ucrania como elemento acelerador, han provocado un alza de los costes de producción sin precedentes. Por lo tanto, defendió hay que actuar sobre las causas. Una de las acciones que subrayó es la reducción del IVA, considerado un impuesto inflacionista, en los alimentos.

La gran competitividad del sector de la distribución alimentaria en España garantiza una correcta formación de precios. Cuando un ciudadano tiene varias opciones donde hacer una compra de alimentación completa a pocos minutos de sus casas posee de una capacidad de elección mayor que en otros países. Por ese motivo, “los tenderos siempre están buscando la manera de bajar los precios, eso lo están haciendo ahora y lo harán siempre”.

Además, no hay que olvidar que España es un gran productor de alimentos, “en un país donde los productores tienen la posibilidad de vender fuera, el consumidor español se vería perjudicado si se toparan los precios”. Reducir los precios de los alimentos respecto a su coste es algo que, por otra parte, no es legalmente posible con la Ley de Cadena en la mano, que obliga a asumir los costes de los productores.

La intervención política de los precios es una herramienta que a Manuel Llamas le parece ineficaz porque “puede generar distorsiones desde escasez o racionamiento hasta despilfarro”; mientras que Joaquín López, la considera una “herramienta microquirúrgica” solo aplicable en los llamados monopolios naturales estructurales o en situaciones puntuales y excepcionales -las mascarillas durante los primeros momentos de la pandemia podría ser un ejemplo-. Estos dos expertos también aportaron su visión sobre las posibles soluciones a la crisis energética y sobre la “excepción ibérica”.

El mundo laboral se sitúa en un contexto que ofrece múltiples oportunidades para los trabajadores y para las empresas, pero requiere, al mismo tiempo, una gran capacidad de adaptación tanto en términos de titulaciones como de formación de equipos. El futuro que se visualiza está formado por equipos multidisciplinares que deben incluir cualificaciones intermedias de formación profesional. La Jornada AECOC Empleabilidad sobre Educación, empleo y talento 2030, reunió a grandes expertas que adelantaron las claves de la empleabilidad del futuro, con un importante foco puesto en la Formación Profesional.

Clara Sanz, directora general de Formación Profesional del Ministerio de Educación, explicó las líneas generales de la nueva Formación Profesional: 6 niveles, multitud de microformaciones de entre 30 y 50 horas, nuevas titulaciones que buscan actualizar las “tradicionales” y que casi todas incluyen un enfoque tecnológico y el carácter dual de la formación…. Herramientas que, en definitiva, buscan hacer itinerarios formativos “a la carta”. Así mismo, se destaca la necesidad de impulsar la acreditación de las competencias profesionales adquiridas en la empresa, aunque Clara Sanz defendió que la formación se imparta en centros habilitados y no tanto en la propia empresa. En este sentido, sorprende el alto porcentaje de personas con formación básica (educación obligatoria) en el comercio.

                       Mónica Moso, CaixaBank Dualiza

Esta nueva FP tiene grandes retos: diseño de titulaciones actualizadas (Sanz mencionó la comercialización de productos frescos, como una formación relevante para nuestro sector); agilidad en el diálogo con empresas y organizaciones; diseño de la formación; coordinación con las CCAA y el Ministerio; introducción la innovación técnica y educativa (se está creando una Red Estatal de Centros de Excelencia de FP en colaboración estrecha con empresas).

«No se elige lo que no se conoce»

A pesar de todo, el sistema de formación profesional en España sigue siendo deficitario desde un punto de vista de consideración social. Y ese es, posiblemente, uno de los grandes retos. “El gran problema de la FP es que no se conoce. No se elige lo que no se conoce”, afirmó.

Y, sin embargo, la evolución del empleo indica claramente una equiparación entre las ofertas para diplomados universitarios y diplomados en formación profesional, con la dual superando a la no dual. Los perfiles profesionales del futuro no vienen definidos tanto por la titulación en concreto como por la hibridación y la polivalencia, según Mónica Moso, de CaixaBank Dualiza, quien defiende la evolución del empleo tal como lo conocemos hoy en día frente a teorías que hablan de una “revolución” o un cambio más radical.

                                     Mónica Moso, CaixaBank Dualiza

Además, se calcula que el 80 por ciento de los puestos de trabajo tendrán en breve –si no lo tienen ya- incorporado algún elemento tecnológico. Realmente, son muy pocas las tareas que, en cualquier ámbito, y también, por supuesto, en la distribución alimentaria, están exentas de digitalización. He aquí uno de los grandes los retos del mundo laboral.

Los ejes de la cualificación en el comercio

En la actualidad, los ejes de la cualificación son, para esta investigadora, la relación con la tecnología –se buscan personas capaces de integrar y utilizar elementos tecnológicos en su trabajo habitual-, gestión de la información –el volumen de datos que llegan en todos los ámbitos hace necesario poder comprenderlos y utilizarlos-, polivalencia y especialización –términos que pueden parecer contradictorios, pero imprescindibles para aportar un valor añadido real en el puesto de trabajo-, competencias técnicas y competencias soft –las capacidades que podemos llamar humanas cobran cada vez más importancia cuando se acompañan de un saber técnico- y, por último, autonomía y dependencia –definido como la capacidad de tener iniciativas propias, pero compartirlas y trabajarlas en equipo-.

Por último, y concretamente en el ámbito del comercio, cada uno de los ejes mencionados puede ser más o menos relevante en función del puesto de trabajo. Por ejemplo, a los gestores de logística se les pedirán mayores conocimientos o práctica informática, mientras que a los administrativos se les exigirá una mayor capacidad de análisis de datos. A pesar de ello, la ampliación de competencias que se detectan en todos los perfiles (logística, informáticos, operarios de plataformas y de tiendas, administrativos, calidad, venta…) tienen el denominador común de la información de elementos tecnológicos, de análisis de datos y del desarrollo de competencias trasversales relacionadas con la responsabilidad, el compromiso o la capacidad de resolución de problemas.

La empleabilidad del futuro debe tener en cuenta, por último, dos grandes retos sociales y económicos, como destacó Ángels Fitó, vicerrectora de Competitividad y Empleabilidad en la Universitat Oberta de Catalunya. Uno de ellos es la evolución demográfica, que anuncia un déficit de jóvenes en el mercado laboral de aquí a 2035 y obliga a repensar tanto la captación de talento y la formación como la capacitación y motivación de los trabajadores más mayores. Otro es el reto medioambiental, que, al igual que la tecnología, también tendrá que integrarse en las tareas cotidianas de cada puesto de trabajo si las empresas quieren alcanzar el objetivo de la economía circular.

La inflación anual de la zona euro en octubre de 2022 ha sido del 10,6 por ciento, frente al 9,9% de septiembre y al 4,1 por ciento de octubre de 2021, según los datos publicados por Eurostat. Si nos fijamos en el conjunto de la UE, la inflación anual de octubre fue del 11,5 por ciento, frente al 10,9 por ciento de septiembre y al 4,4 por ciento del año pasado en estas mismas fechas. Los datos son, sin duda, preocupantes. Especialmente cuando vemos que la crisis de costes, que inevitablemente se refleja en los precios al consumo, es un problema que se extiende como una mancha de aceite en las economías occidentales.

En este contexto, se puede tener la tentación de pensar que la inflación puede ser beneficiosa para algunos. Nada más lejos de la realidad. La inflación no beneficia a nadie, ni a los consumidores que ven mermado su poder adquisitivo ni a las empresas que -en cualquier eslabón de la cadena- se ven obligadas a ajustar márgenes para seguir siendo competitivas. A la hora de estudiar las cuentas de resultados empresariales no hay que confundir el alto volumen de negocio con los beneficios (muy bajos en el caso de la distribución alimentaria). La realidad es que los márgenes del comercio están cayendo como consecuencia de las actuales condiciones del mercado.

EuroCommerce, la organización europea del comercio, ha advertido a los Gobiernos de las consecuencias de tomar «medidas mal concebidas que aborden los precios de venta al público sin tener en cuenta el coste de abastecimiento de los productos afectados». Las mismas, afirma, serán contraproducentes y, en algunos casos, podrían llegar a poner en peligro la existencia del comercio, además de provocar escasez, compras de pánico y, paradójicamente, aumentar la inflación en algunos productos no afectados por posibles topes».

Ante esta situación, se han vuelto a lanzar varias peticiones a los Gobiernos de la Unión Europea:

– Que se abstengan de adoptar medidas «mal concebidas» sobre el precio de los productos y de imponer impuestos adicionales que no hacen más que aumentar las presiones inflacionistas y poner en peligro las operaciones de muchas empresas.

– Que se preste ayuda urgente dentro del Marco Temporal de Crisis de la UE a los incrementos masivos de los costes derivados de la guerra de Ucrania y de la crisis energética, con el fin de evitar una oleada de quiebras en todo el sector de la distribución y reducir así la presión para subir los precios a los consumidores.

– Que se apoyen los esfuerzos del sector de la distribución para ayudar a reducir su consumo de energía y migrar hacia alternativas más económicas. Para ello, es muy importante tratar al comercio como un servicio esencial al aplicar medidas de reducción del consumo de energía.

La directora general de EuroCommerce, Christel Delberghe, ha recordado que  «la distribución minorista y mayorista presta un servicio esencial. Se esfuerza por amortiguar el impacto de la inflación en los consumidores, pero con unos márgenes bajos (entre el 1 y el 3 por ciento en alimentación), su capacidad para hacerlo es limitada. Nuestro sector se enfrenta a una triple presión: los consumidores están comprando menos y luchan contra una crisis del coste de la vida sin precedentes impulsada por los costes de la energía. Esto supone una peligrosa combinación con las exigencias de los proveedores multinacionales de subidas de precios y con el hecho de tener que hacer frente a facturas energéticas que se disparan. El comercio necesita que los gobiernos ayuden con el coste de la energía y se abstengan de tomar medidas como la imposición de precios arbitrarios, impuestos adicionales o el límite de los márgenes«. «Esto pondría en peligro la existencia de numerosas empresas«, añadió.

“El comercio minorista y mayorista frente a la crisis energética: urgente necesidad de apoyo”. Este es el contundente título del informe presentado por la directora general de EuroCommerce, Christel Delberghe, ante el Consejo de la Energía de la Unión Europea. En el documento se subraya el importante impacto que el incremento del coste de la energía está teniendo en todo el sector y la necesidad de actuar con rapidez ante “el inquietante riesgo para el futuro de muchos negocios”. Además, vuelve a pedir “una regulación que reconozca que nuestro sector necesita ayuda urgente (…) para no poner en cuestión la capacidad de prestar un servicio esencial no solo a los consumidores, sino al completo ecosistema de la cadena de valor”.

EuroCommerce subraya que el margen de los operadores suele situarse entre el 1 y el 3 por ciento, mientras deben hacer frente a facturas de la energía que, en algunos casos, se han multiplicado por cuatro, en una situación que califica como “insostenible”.

Ante esta situación, se piden tres medidas principales:

• Evitar el riesgo de un impacto sistémico con una reacción urgente para ayudar a soportar los altos costes de la energía y proteger así la prestación del servicio esencial del comercio.
• Asegurar un descenso de los costes de la energía, incluyendo medidas temporales y excepcionales que posibiliten una reducción del precio de la electricidad. Así mismo, se hace un llamamiento a los Estados miembro para reducir los impuestos en la energía.
• Ayudar al sector de manera que éste tenga acceso a las medidas de reducción del impacto de los altos precios de la energía de los que sí se han beneficiado otras áreas de la economía.

A principio de este mes de septiembre, EuroCommerce ya advirtió sobre las dificultades que está atravesando un sector que emplea a 26 millones de personas en toda la Unión y que es muy dependiente del uso de la energía, especialmente para mantener los sistemas del frío en la alimentación.