Laura Cristóbal, directora de la agencia de noticias especializada en información agroalimentaria, EFE Agro, ha analizado en un encuentro mantenido con los responsables de seguridad alimentaria de las empresas de ASEDAS sobre cómo mejorar la comunicación de las alertas alimentarias.

El objetivo era aprender a informar sin alarmar, informar sin dañar la percepción por parte del consumidor de producciones agrarias y productos elaborados de alimentación que, en líneas generales son excelentes, y, por último, cómo hacerlo en un mundo dominado por las redes sociales y por medios que compiten y que están sometidos a la “tiranía del click”. En un sistema alimentario en el que la seguridad alimentaria es primordial, la manera en que se comunican las alertas juega un papel vital por su afectación en el consumidor y en la totalidad de la cadena alimentaria.

Estos son los cuatro puntos clave para entender y abordar este tema:

1. Para los consumidores, es esencial comprender que los incidentes son parte del proceso, pero también reconocer que una alerta indica que el sistema está funcionando para retirar un producto potencialmente peligroso del mercado. La transparencia en la comunicación es crucial para mantener la confianza.
2. Tanto los organismos de control –AESAN, Comercio Exterior, EFSA…- como las empresas deben actuar con rapidez y transparencia. Los primeros deben proporcionar información clara y accesible, mientras que las segundas deben gestionar la comunicación de crisis de manera efectiva para preservar su reputación y la confianza del consumidor.
3. Los periodistas desempeñan un papel fundamental al proporcionar información precisa y responsable. Es crucial evitar sensacionalismos y dejarse llevar por titulares alarmistas.
4. En cuanto a la comunicación concreta de la alerta, es esencial determinar su importancia y proporcionar información práctica para que los consumidores tomen decisiones informadas. La transparencia, la rapidez y la claridad son clave para mantener la confianza.

En definitiva, la percepción de los consumidores ante las alertas alimentarias es diversa, pero todos comparten la necesidad de información fiable. La respuesta de la sociedad refleja la gestión de los actores involucrados. Por lo tanto, es crucial un enfoque proactivo y transparente en la comunicación de estas situaciones.

El hurto multirreincidente en el comercio acumula 700.000 denuncias, sobre las que se llevan a cabo 70.000 juicios, de los que resultan 7.000 sentencias. Esta disparidad entre el hecho delictivo y el castigo hacia quien lo comete tiene dos consecuencias principales. La primera es la inseguridad ciudadana que provoca la sensación de impunidad ante este tipo de delitos -quien roba en un comercio, puede robar también a un turista, a un viajero en un transporte público, etc.-. La segunda es económica: 1.800 millones de euros al año de coste para el comercio -sin contar gastos de seguridad y gestión de denuncias- y 240.000 millones al año para las Administraciones Públicas en concepto de recursos judiciales y policiales. En definitiva, el hurto reiterado es una forma de vida para algunas personas -la mayoría de las veces integrantes de bandas organizadas que derivan su “botín” hacia mercados paralelos-, que crea inseguridad social y pérdida económica para todos.

La última reforma del Código Penal, realizada en julio de 2022, incidió en el agravante de la reincidencia contemplando penas de cárcel cuando el delincuente acumula tres denuncias por más de 400 euros en un año. Aunque todavía es pronto para ver los efectos de este cambio, el objetivo de magistrados y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es terminar con la impunidad. De alguna manera, se trata de invitar a “cambiar de profesión” a quien hace del delito su vida.

Para avanzar en este reto, representantes del comercio, de la policía nacional y de la magistratura se han reunido en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en la jornada “La situación actual del hurto multirreincidente tras la reforma del Código Penal” para estudiar la situación actual del problema y analizar posibles soluciones.

Dos de ellas destacan como vías de acción ya probadas en las que sería conveniente incidir para reducir esta lacra social:

• Señalamiento de juicio inmediato en el momento de la intervención policial y pronunciamiento de sentencia oral firme. Con ello se evitan los problemas de notificación al delincuente, que retrasan, y a veces imposibilitan, detenciones, juicios y sentencias.

• Mayor uso de la pena accesoria de alejamiento para prohibir el acceso de los delincuentes a los establecimientos comerciales es muy importante para el sector de la distribución. En este sentido, una demanda del comercio es utilizar herramientas de reconocimiento facial. La tecnología existe, pero los instrumentos judiciales para permitir el uso de la misma van por detrás.

A lo largo de los últimos años, la carrera de obstáculos para enjuiciar el hurto multirreincidente ha dado pasos hacia adelante gracias al trabajo de policías y jueces, así como con la concienciación de los comerciantes sobre la necesidad de denunciar. El mensaje principal es que las bandas que hurtan alimentación premium, ropa, electrónica u otras mercancías sepan que la Ley tiene en su poder los instrumentos para llevarles a prisión ante el daño moral y económico que hacen.

* Estudio de AECOC y EY sobre la pérdida en el retail comercial (2018).
** Documento de Posición CEOE sobre el Hurto Multirreincidente en España (2019) y Adenda Técnica al Documento de Posición CEOE sobre el Hurto Multirreincidente en España ante la Reforma de la LECRIM (2020).

EuroCommerce, la asociación europea que representa al comercio minorista y mayorista, ha celebrado el Summit CEO 24. La cumbre, encabezada por el presidente de la patronal europea, Juan Manuel Morales, y por la directora general, Christel Delberghe, reunió a una amplia representación de ejecutivos del comercio europeo con un objetivo: abordar cómo el comercio puede contribuir a hacer de la UE un espacio económico más competitivo, sostenible e innovador.

Durante el evento, Morales destacó el impacto del «tsunami normativo» que ha afectado al sector en los últimos años. Se refirió específicamente a la propuesta de la Comisión sobre un Reglamento de Morosidad, que podría restringir la capacidad de acordar condiciones de pago flexibles, con importantes consecuencias económicas sobre el conjunto de la cadena de valor.

El comercio minorista y mayorista desempeña un papel crucial en el desarrollo sostenible de Europa. Contribuye significativamente al empleo y al PIB, y está comprometido con la reducción de sus emisiones. Además, trabaja en colaboración con socios de toda la cadena de valor para reducir las emisiones de alcance 3. El compromiso con la sostenibilidad se materializa, entre otros aspectos, en la reducción del 90 por ciento de emisiones del sector en 2030.

EuroCommerce destaca la importancia de garantizar un mercado único dinámico y operativo, así como la necesidad de políticas coherentes y proporcionadas. Christel Delberghe subrayó que el sector tiene mucho que aportar en la transformación digital, de talento y sostenibilidad. Sin embargo, para lograrlo, es necesario un marco político viable y coherente.

La principal conclusión del encuentro es que el comercio minorista y mayorista está comprometido con los objetivos de la UE, pero requiere un entorno regulatorio que facilite su contribución a la competitividad y el crecimiento sostenible. No en vano, el comercio es el principal creador de empleo de Europa, aporta el 10 por ciento del Producto Interior Bruto de la Unión y es un factor vertebrador entre el campo y la ciudad.

El análisis de la espiral inflacionista en el precio de los alimentos que se ha vivido en los últimos dos años sigue estando en plena vigencia ante los nuevos retos que el conjunto de la cadena agroalimentaria tiene por delante. Riesgos geopolíticos, riesgos climáticos y riesgos regulatorios confluyen para aportar un marco de incertidumbre en el conjunto del sector. Un cuarto riesgo, la desinformación que se produce en torno a la formación de precios, perjudican también al conjunto de una cadena de valor que ha demostrado con creces su buen funcionamiento, su responsabilidad compartida y su comportamiento absolutamente responsable.

Estas son las principales conclusiones de una jornada que, organizada por Ramón y Cajal Abogados, ha evaluado la evolución del IPC alimentario con la presencia de José Miguel Herrero, Director  General de Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y de Alfonso Camba, Subdirector de Estudios e Informes de la CNMC (Comisión Nacional de la Competencia y los Mercados), por parte de la Administracion; y de Tomás Rojo, director financiero de Cooperativas Agroalimentarias de España; Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB (Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas), e Ignacio García Magarzo, director general de ASEDAS (Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados).

Todos ellos han realizado un análisis coincidente de las causas de la inflación -que algunos remontan a los aranceles de EEUU y al Brexit-: encarecimiento de los precios de los carburantes y de la energía y de los fertilizantes, la reducción en el flujo de materias primas provenientes de Ucrania debido a la invasión rusa, la crisis del Mar Rojo o la sequía (que ha repercutido de manera especialmente negativa sobre la producción de frutas, hortalizas y aceite de oliva).

Tampoco cabe obviar el papel que parece que podría haber tenido el actual marco normativo en el precio de los alimentos: las obligaciones regulatorias derivadas de la normativa de envases y residuos de envases y el reforzamiento de la Responsabilidad Ampliada del Productor como la punta del iceberg, a la que hay que añadir otras obligaciones regulatorias que tienen su base en la agenda 2030 o la Política Agrícola Común. Se trata de cargas legales, fiscales y administrativas que añaden costes a lo largo de toda la cadena de valor.

Ante esta situación, la puesta en marcha de mecanismos que aporten soluciones son posibles siempre desde una visión de cadena con la vista fija en asegurar la sostenibilidad de todos los eslabones.  Para ello, es posible hacer compatibles los objetivos del cambio climático con la competitividad de las empresas y en asegurar la sostenibilidad social, que incluye el acceso a la alimentación y el mantenimiento del mundo rural.

Apoyados en “una cadena alimentaria muy competitiva, en la que de manera generalizada no se dan prácticas abusivas por parte de los operadores”, como la definió José Miguel Herrera, el IPC se ha mantenido durante dos décadas por debajo del 3 por ciento -incluso registrando valores negativos durante la crisis económica de 2008-. Pero, en los últimos meses, y como conclusión, se han registrado circunstancias excepcionales, absolutamente contrastables y objetivas, que han contribuido a unos niveles de alza de precios que no se veían en décadas. Importantes informes gubernamentales –Banco de España, CNMC e Informe del Gobierno para el Plan de Resiliencia- así lo han constatado.

CEPYME, Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa, ha organizado la jornada “El nuevo reglamento europeo de morosidad: impacto en la pyme española”, donde ha reunido a algunos de los principales sectores económicos de España, como la construcción, el metal, el comercio especializado y la industria y la distribución alimentarias. Todos ellos agrupan a empresas de diversos tipos y distintos tamaños –incluyendo a los trabajadores autónomos-, quienes han expresado un mensaje coincidente: no hay que confundir morosidad con plazos de pago.

Que, en el marco de las instituciones europeas, el futuro Reglamento contra la Morosidad se conozca coloquialmente como el Reglamento de Plazos de Pago (Late Payment) no es una casualidad ya que, como se ha señalado repetidamente a lo largo de la jornada, este Reglamento lo que abordaría principalmente es la obligatoriedad de fijar los plazos de pago en 30 días, con independencia del sector, del tipo de empresas o de la rotación de los productos. Por lo tanto, entre el sistema empresarial existen serias dudas sobre que establecer esta limitación de los plazos de pago sea una solución eficaz y realista al problema de la morosidad. Muy al contrario, podría suponer una seria pérdida de competitividad y desventaja competitiva para muchas pequeñas empresas y autónomos.

La necesidad –también compartida unánimemente- de luchar contra la morosidad debería, así pues, dotarse de otros instrumentos que pasan, entre otros, por un llamamiento a la ejemplaridad en las administraciones públicas, por el castigo de las malas praxis o por el establecimiento de sistemas de arbitraje asumibles desde un punto de vista burocrático y económico por parte de las pymes para reducir la judicialización de la morosidad.

La distribución de gran consumo, y la distribución alimentaria en concreto, tienen, a su vez, su casuística particular. Ignacio García Magarzo, director general de ASEDAS, invitó al regulador europeo a tomar ejemplo de la experiencia española en el sector de la distribución alimentaria, donde no existe de manera generalizada un problema de impago. “Debemos reducir la morosidad al máximo, pero la propuesta de Reglamento, tal y como está planteada, supone una gravísima amenaza, inoportuna, innecesaria e injustificada”, afirmó. En materia de plazos de pago, el sector de la distribución alimentaria está regulado -incluyendo un régimen sancionador- desde el año 1996 a través de la Ley de Comercio Minorista, que ha ido modificándose en sucesivas ocasiones hasta el momento actual, en que los plazos de pago para productos frescos son de 30 días y para productos envasados de 60, con algunas excepciones. Este elemento no ha generado problemas de relaciones comerciales en la cadena y modificarlo podría introducir un elemento de desequilibrio en la formación de precios -en un momento, además, en que continúan las tensiones inflacionistas- y un problema de tesorería para muchas empresas.

En línea con lo expresado por otros sectores, es importante que se tengan en cuenta las características de cada actividad económica y buscar opciones normativas beneficiosas para el conjunto de la cadena. En el caso de los productos frescos, con entregas diarias o semanales, por ejemplo, permitir la agrupación de facturas es una práctica común, que está funcionando para compatibilizar la lucha contra la morosidad con la eficiencia operativa y la competitividad del sector. Objetivo último que debería buscar el nuevo Reglamento.